El derecho de acceso a la información (DAI) es una herramienta valiosa que contribuye a transparentar la gestión pública y, potencialmente, a prevenir la corrupción. La experiencia ha mostrado que cuando este derecho se enseña, se transmite y se ejerce estratégicamente, se abre un abanico de posibilidades para su usuario. Por ejemplo, puede incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones y, por tanto, aumentar la incidencia de la población para generar beneficios a su comunidad.